Por: Juan José Ramírez

Los socios de COPARMEX Matamoros se encuentran preocupado ya que hay en el Senado de la República una iniciativa que destaca que se podrían cancelar cuestas de empresarios cuando se tiene indicios de una actividad ilícita antes de ser juzgado y que se haya comprobado.

Carlos Alberto González Lima, presidente de COPARMEX Matamoros, informo que no están de acuerdo que se tenga esta iniciativa, ya que no se tiene ni siquiera una certeza de que haya un ilícito.

«En los hechos no se garantiza que dentro de las justificaciones contempladas en la iniciativa del senador Ricardo Monreal Ávila, se encuentran que dicha reforma supuestamente respeta los derechos procesales de las personas que son incluidas en la lista de personas bloqueadas», dijo.

Y agregó:

«Así como su garantía de audiencia, y que se establecen plazos para comparecer ante la UIF, para que dicha Unidad emita una resolución
fundada y motivada que podría ser impugnada por el interesado».

El presidente de COPARMEX Matamoros dijo que con esta reforma se pretende maniobrar para dar la vuelta a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 46 /2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la SCJN, que establece que es inconstitucional el bloqueo de operaciones activas, pasivas y comerciales bancarias de cuentas, por la inclusión de personas al listado de personas bloqueadas.

Pero además, el bloqueo de operaciones activas y pasivas, así como el de servicios bancario,
no deja de ser una medida cautelar, y lo que se busca es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pueda mantener por más tiempo sus efectos y sigue vigente la posibilidad de que se ejecute dicha medida, sin que esté relacionada con un procedimiento administrativo o jurisdiccional.

Por lo tanto no se hace la distinción de que estos bloqueos sólo pueden llevarse a cabo con motivo de peticiones de autoridades internacionales, por lo que la Unidad de Inteligencia Finaciera, UIF, podrá seguir llevando a cabo el bloqueo de cuentas con motivos o investigaciones nacionales, argumentado de forma ambigua, la prevención o interrupción de actos ilícitos que ponen en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, la economía nacional o el sistema financiero.